Diputado Freddy Guevara: Investigaremos pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios venezolanos

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación por el caso de los 98 millones de dólares pagados en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano entre los años 2006 y 2015, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la obtención y retención de contratos para obras públicas de infraestructura.

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, anunció que esa instancia parlamentaria iniciará de oficio el procedimiento correspondiente, con base en el expediente divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se explica que Odebrecht pagó un total de 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 100 proyectos de obras en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Guevara señaló que la constructora brasileña recibió los contratos para la construcción de importantes obras en distintas regiones del país, las cuales permanecen inconclusas a pesar de haber recibido los recursos necesarios para su realización.

En este sentido, mencionó los casos de la Línea del Metro Caracas-Guarenas-Guatire; la Línea 2 del Metro Los Teques; el Puente Cacique Nigale (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo); el tercer puente sobre el Río Orinoco; y la Línea 5 del Metro de Caracas.

“Esas cinco obras, que hasta la fecha permanecen inconclusas, recibieron elevadas sumas de dinero durante sus años de ejecución. La realidad es que hoy ni existen las obras ni se conoce el paradero de esos recursos públicos que les fueron asignados. Si ahora sumamos la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podemos ver que los procesos de contrataciones firmadas con Odebrecht fueron altamente irregulares desde su origen”, enfatizó Guevara.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano exigió a Odebrecht revelar los nombres de los funcionarios o ex funcionarios del gobierno que hayan recibido los sobornos para favorecer las contrataciones de la empresa brasileña.

Guevara también propuso la firma de un acuerdo entre la Asamblea Nacional y Odebrecht, a los fines de obtener un compromiso de pago de multas por parte de la compañía carioca una vez que se logre el cambio político en Venezuela, para que sirva de método compensatorio por los actos ilícitos cometidos con fondos públicos venezolanos, tal como hará la empresa a las administraciones de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Comisión de Contraloría solicita declarar responsabilidad política a ex Ministra de Salud Eugenia Sader

En su sesión ordinaria de este miércoles, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1506, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en la construcción y reparación de hospitales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El informe recomienda la declaratoria de responsabilidad política a la ex titular de ese despacho, Eugenia Sader, por un conjunto de actuaciones realizadas durante su ejercicio en el cargo entre 2010 y 2013, relativas al manejo de recursos públicos destinados a la construcción de un conjunto de edificaciones hospitalarias, entre los que destacan la construcción de seis hospitales del programa Misión Barrio Adentro IV, a saber:

– Hospital General  especializado en Materno Infantil, Estado Apure.

– Hospital General especializado en Toxicología y Oncología, Estado Barinas.

– Hospital Cardiológico de Adultos, Distrito Capital.

– Hospital General especializado en Nefrología, Estado Guárico.

– Hospital General especializado en Gastroenterología y Oncología, Estado Mérida.

– Centro Nacional de Oncología, Estado Miranda.

Al respecto, la investigación determinó distintas irregularidades administrativas, tales como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público; inobservancia de las condiciones para la debida contratación establecidas en los instrumentos normativos que regulan la materia; así como la malversación y el desvío de los fondos destinados para la construcción de los centros asistenciales.

En ese sentido, el informe de la Comisión de Contraloría estima que el daño patrimonial generado al acervo público nacional fue de USD $ 1.552.353.981,33, equivalentes a Bs. 4.052.882.119,75 conforme al tipo de cambio oficial vigente para la fecha en que Sader ocupaba la cartera de Salud.

El Presidente de la instancia parlamentaria, Diputado Freddy Guevara, explicó que la construcción de los referidos centros asistenciales fue anunciada por el ex primer mandatario Hugo Chávez el 30 de septiembre del año 2007, durante la transmisión de su Programa “Aló Presidente” N° 296, en el que hizo referencia a la ejecución de la primera etapa de un grupo de 15 hospitales generales y especializados del programa Misión Barrio Adentro IV, los cuales debieron ser entregados a finales del año 2009, pero que a la fecha no se han culminado.

Guevara indicó que Sader asumió paralelamente la Dirección de Hospitales y la Presidencia de varias dependencias del Ministerio, entre ellas la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias. Agregó que la Memoria y Cuenta de 2010 reflejó que las obras apenas tuvieron un avance de 49%, con 222 remodelaciones quedaron pendientes por ejecutar y una lista de espera por cirugías en hospitales que ascendía a 30.000 personas.

“No solamente hubo desfalco y desvío de fondos públicos, sino que además jugaron con la salud de los venezolanos de menos recursos y que son quienes más se verían beneficiados. Es criminal que se haya asignado 1.5 millardos de dólares para unos hospitales y que al día no se tenga ni los hospitales ni el dinero. Esta es otra muestra más de que una cúpula roja se llenó los bolsillos mientras hablaba en nombre de los pobres”, enfatizó Guevara.

La investigación también determinó que las irregularidades datan desde los inicios del proyecto, cuando el denominado Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, siendo una empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, firmó contrato con la empresa Constructora Pemegas; C.A, para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la ejecución de las obras.

En este sentido, se detectó que dicha contratación planteaba un conflicto de intereses, ya que el ciudadano Lucas Pou Ruan, quien ejercía funciones como Director de Obras de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, adscrita al Despacho de la Presidencia, además fungía como accionista de la prenombrada empresa Pemegas.

El Diputado Freddy Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sea elevada a la plenaria la solicitud de declaratoria de responsabilidad política a Eugenia Sader.

El TSJ es cómplice de la corrupción

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, calificó de aberración jurídica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se declara la nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al considerar que dicho fallo revela la complicidad del máximo juzgado del país con la corrupción.

“Con esa sentencia los magistrados del TSJ demuestran que son cómplices de la corrupción que azota todos los niveles del Estado venezolano. Es lamentable e inaceptable que el máximo tribunal de la República, llamado a sancionar a los corruptos que han saqueado el erario público, sea el que avale la impunidad y siga permitiendo casos como el del Contralor General de la República, que además de ocupar ilegítimamente ese cargo, es un vergonzoso ejemplo de nepotismo y corrupción”, enfatizó Guevara.

Igualmente rechazó que la sentencia del TSJ declare la inconstitucionalidad de la ley alegando que la materia es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República.

“Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que el gobierno ordena ejecutar al TSJ para intentar proteger sus privilegios, tal como ocurrió con la sentencia del caso Rafael Ramírez sobre su gestión en PDVSA, en la cual se nos pretendía privar de nuestras competencias contraloras como Poder Legislativo. Esta sentencia es otra aberración jurídica que busca proteger a los corruptos”, recalcó.

En este sentido, Guevara recordó que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal consagraba el delito de nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano; además de establecer agravantes sobre el peculado de uso de bienes y vehículos del sector público con fines políticos o electorales.

“Esta Reforma introduce elementos realmente importantes en el ordenamiento jurídico venezolano para la lucha contra la corrupción. Además del nepotismo y el peculado de uso, se establecen obligaciones en materia de rendición de cuentas; declaración jurada de patrimonio e intereses; cooperación eficaz para sujetos involucrados en la comisión de delitos como los testaferros; así como aumento de las penas, multas y restitución del 100% del lucro obtenido en actos de corrupción”, explicó Guevara.

El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señaló que la sentencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.043, de fecha 1 de diciembre de 2016, constituye la mejor muestra de que la corrupción es política del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que insistió en la necesidad de que el Parlamento venezolano avance en los mecanismos constitucionales con los que cuenta para el cambio de gobierno y la restitución de la democracia y el Estado de Derecho.

“Estamos en presencia del régimen más corrupto en la historia de Venezuela, y uno de los más corruptos del hemisferio occidental. Desde la Comisión de Contraloría seguiremos avanzando en nuestras leyes, investigaciones y determinación de responsabilidades políticas, con la finalidad de dejar sentado quiénes han sido los culpables del desfalco de los últimos 18 años. Pero es igualmente necesario que ante el fracaso del diálogo y el revocatorio, la Asamblea Nacional retome la reactivación del juicio político a Nicolás Maduro y la declaratoria de abandono del cargo, ya que no es posible lograr acabar con la corrupción en Venezuela mientras este régimen siga en el poder”, declaró.

PDVSA adquirió taladros chinos con un sobreprecio de 43 millones de dólares

Un conjunto de documentos oficiales de Petróleos de Venezuela evidencian que la estatal incurrió en múltiples irregularidades administrativas durante la ejecución del llamado “Plan Siembra Petrolera” en el año 2006, dejando un daño patrimonial a la nación superior a los 43 millones de dólares.

La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó que PDVSA llevó adelante una contratación con la empresa Constructora Interbolivariana, S.A., Empresa Multinacional Andina (CONSTRUEMA, S.A); para la adquisición de un taladro de perforación en tierra HH 200HP AC, Modelo ZJ70DBSAC. Dicha operación, además de realizarse a través de intermediarios y por un órgano diferente a BARIVEN, ocasionó una compra con sobreprecio, hechos que se encuentran expresamente prohibidos en la legislación venezolana.

El documento de la referida contratación indica que durante el proceso de concurso participaron múltiples contratistas, que ofrecían un mejor precio del taladro y un préstamo de servicios directo. Sin embargo, PDVSA, en franca violación de la ley y sin explicar las razones, adjudicó la buena pro del contrato a CONSTRUEMA, S.A., la cual, luego de realizado el análisis sobre las distintas ofertas presentadas, se perfilaba como la menos atractiva, pues ofrecía el servicio con mayor costo y sin ninguna ventaja de provecho para la estatal petrolera.

Tal adquisición representó para PDVSA un desembolso de USD $ 62.683.035,23 (equivalentes en ese momento a Bs 134.768.525.765), según se desprende en acto de adjudicación de buena pro de fecha 7 de agosto de 2006.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2007, el entonces Director de Ejecutivo de Finanzas de PDVSA, Nicolás Veracierta, emitió el Memorándum DEFIN-2007-038, en el que alertaba del incumplimiento por parte de la contratista en la entrega del taladro, motivo por el que se activarían los mecanismos necesarios para el cobro de las fianzas otorgadas al momento de la firma del contrato. Sin embargo, dicho procedimiento no se llevó a cabo.

El referido memorándum forma parte de un documento confidencial emanado de la Dirección Ejecutiva de Finanzas de PDVSA, en el que se reflejan gran cantidad de contrariedades, resaltando las modalidades de contratación y las cantidades licitadas cambiaron de forma súbita sin explicación.

Adicionalmente, la Comisión de Contraloría determinó que CONSTRUEMA, S.A, beneficiada por PDVSA para la adquisición del taladro, subcontrató a su vez a la empresa estadounidense TGS AQUA TECH, INC, por un monto de USD $ 19.599.000,00; según consta en el contrato de fecha 14 de marzo de 2007, notariado en el condado de Palm Beach, en el estado de La Florida, Estados Unidos, según se evidencia en la Factura Nro. 1696.

Al hacer el análisis entre ambos contratos se detecta que dicho subcontrato generó una elevada ganancia para CONSTRUEMA, S.A, quien actuando como intermediaria ocasionó un sobreprecio de USD $ 43.084.035,23 (equivalentes a Bs. 92.630.675.744,50 para esa fecha).

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, destacó que todos los documentos relacionados con este caso constan en el expediente 1648, el cual fue consignado por el parlamentario en la Fiscalía General de la República.

“Debemos recordar que PDVSA cuenta con BARIVEN, filial creada con el propósito de adquirir materiales y equipos para las actividades de explotación, producción y refinación de la industria petrolera. Sin embargo, en este caso PDVSA no utilizó a su empresa especializada en compras, sino que acudió a una empresa intermediaria, violando toda normativa vigente y generando un grave daño al patrimonio público”, enfatizó Guevara­.

El Diputado explicó que haber hecho la contratación sin tomar en cuenta la función especialmente otorgada a BARIVEN sino a través de CONSTRUEMA, S.A, infringió el Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, afectando el principio de la transparencia de los actos administrativos.

Guevara agregó que en el material probatorio de este caso se evidencia que Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino, Asdrúbal Chávez, Alejandro Granado, Eudomario Carruyo, Dester Rodríguez, Iván Orellana, Bernard Mommer y Carlos Martínez, miembros de la Junta Directiva de PDVSA para la fecha, no solamente consintieron la adquisición del taladro en cuestión, sino que actuaron con negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes de la República.

La Asamblea Nacional decretó la responsabilidad política a Rafael Ramírez por daño patrimonial durante su gestión como Presidente de PDVSA, al incurrir en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de PDVAL; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

Rafael Ramírez sabía de la comida podrida de PDVAL desde 2009

Un memorándum confidencial con fecha 7 de abril de 2009 revela que el ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, tenía conocimiento con más de un año de antelación acerca de la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos, las cuales fueron importadas por PDVAL desde 2007 y que desencadenó fuertes repercusiones en la opinión pública nacional e internacional en 2010 cuando se conoció la noticia.

En la comunicación, suscrita por el entonces Auditor General de PDVSA, Jesús Villanueva, se alerta a Ramírez sobre numerosas irregularidades en los procesos de contratación, recepción y distribución de más de un millón de toneladas de alimentos importados, por un costo que alcanzó los 2.248 millones de dólares.

El memorándum confidencial fue dado a conocer por el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, tras una investigación de más de 9 meses acerca de la gestión de Ramírez al frente de PDVSA de 2004 a 2014, y que permitió detectar un daño patrimonial a la nación superior a los 11 mil millones de dólares.

El documento de 10 páginas señala expresamente que PDVSA, a través de su filial BARIVEN, incurrió en graves irregularidades administrativas durante la importación de alimentos entre 2007 y 2008, tales como:

–       Asignación de contratos a empresas que no presentaban la mejor oferta.

–       Deficiencias en los controles de recepción de las mercancías.

–       Otorgamiento de anticipos de dinero a empresas importadoras sin garantías.

–       Aprobación de órdenes de compra de productos que no reunían las condiciones de calidad requeridas.

–       Alimentos dañados en los rubros de caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne de res.

–       Alimentos nacionalizados no despachados.

–       Incumplimiento en las entregas de alimentos contratados.

–       Incremento en los costos de transporte y almacenamiento de las mercancías.

 

El memorándum confidencial enviado en 2009 a Rafael Ramírez señala textualmente que “la distribución efectiva de alimentos fue inferior al 14% del total comprado y pagado, incurriendo en algunos casos en elevados costos de adquisición y fletes, y que a pesar de ello, no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”.

Más adelante, agrega que la denominada emergencia alimentaria obligó a PDVSA a asumir las tareas asignadas por el Ejecutivo Nacional en 2007, incurriendo en endeudamiento y delegando en BARIVEN dicha responsabilidad. En este sentido, el texto concluye que “…los hallazgos presentados revelan que BARIVEN no poseía los controles, la pericia ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos”.

El documento interno de PDVSA conforma uno de los principales elementos probatorios de la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desfalco de la estatal petrolera. La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría detectó que el caso de los alimentos dañados causó un daño patrimonial de 1.932.637.902,50 dólares.

Por tal motivo, el diputado Guevara consignó el expediente completo de la investigación ante la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que dicha instancia inicie el proceso respectivo para la sanción de Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de BARIVEN; así como de una veintena de funcionarios más.

La investigación, contentiva de más de 3.500 documentos probatorios entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal, concluyó que la gestión de Ramírez como presidente de PDVSA incurrió en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de PDVAL; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

Diputado Freddy Guevara solicita a la Fiscalía General de la República abrir investigación a Rafael Ramírez por corrupción en PDVSA

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para consignar el expediente relativo a las irregularidades administrativas ocurridas en Petróleos de Venezuela durante la presidencia de Rafael Ramírez, comprendida entre los años 2004 y 2014, por daños al patrimonio público que alcanzan los 11 mil millones de dólares.

Guevara señaló que el expediente consignado contiene más de 3 mil documentos probatorios, entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal acerca de distintos casos en los que se presumen irregularidades administrativas, tales como la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos detectada en 2010; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

En este sentido, el parlamentario solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación, con la finalidad de que determine las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.

“La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este informe que hoy consignamos ante la Fiscalía, en el que presentamos el resultado de 9 meses de investigación en la Comisión de Contraloría, y declaró la responsabilidad política a Ramírez y a Javier Alvarado, ex presidente de Bariven. Son más de 11 mil millones de dólares comprobados sobre los que no se conoce el paradero. En los 10 años en los que Rafael Ramírez fue Presidente de PDVSA ocurrieron estas irregularidades, por lo que ese señor debe dar la cara y responderle al país por el destino de esos fondos. Él dijo que vendría al Ministerio Público a demandarme; pues hoy venimos nosotros primero a solicitarle a la Fiscal General que abra una investigación por graves daños al patrimonio de todos los venezolanos”, enfatizó.

Igualmente, Guevara recalcó la exigencia para que Nicolás Maduro destituya a Ramírez de su cargo de Embajador de Venezuela ante las Organización de las Naciones Unidas.

“Ese señor no puede representar a nuestro país en el seno de la ONU. Es por eso que reiteramos nuestro llamado a Nicolás Maduro: si en verdad está dispuesto a combatir la corrupción, debe destituir a Rafael Ramírez, ya que de lo contrario, usted también será responsable y cómplice del desfalco de la principal empresa de Venezuela”, subrayó.

Guevara agregó que la Fiscalía debe realizar las pesquisas necesarias para la celebración de un juicio oral y público, en el que se presenten las pruebas obtenidas y Ramírez responda por el dinero de todos los venezolanos.

Además de Ramírez y Alvarado, el informe presentado por la Comisión de Contraloría, correspondiente al expediente 1648, también señala como involucrados a otros 21 funcionarios, entre los que se encuentran:

 

  1. Félix Rodríguez (Presidente de PDVSA Gas 2007).
  2. Dester Rodríguez (Presidente de PALMAVEN 2007).
  3. Saul Ameliach (Presidente de PEQUIVEN 2007).
  4. José Luis Parada (Presidente de PDVSA Servicios).
  5. Ricardo Coronado (Presidente de PDVSA GAS 2010).
  6. Eudomario Carruyo (Director de Finanzas de PDVSA 2007).
  7. Luis Pulido (Gerente Corporativo de Producción 2006).
  8. Eulogio Del Pino (Junta Directiva de PDVSA).
  9. Asdrúbal Chávez (Director en la Junta Directiva de PDVSA).
  10. Francisco Illarramendi (Asesor de PDVSA y Socio de Michael Kenwood Group LLC).
  11. Nervis Villalobos (Viceministro de Energía Eléctrica).
  12. Diego Salazar (Operador de Seguros y Reaseguros de PDVSA).
  13. Roberto Rincón (Socio accionista de Ovarb Industrial LLC, Tradequip Services & Marine INC).
  14. Abraham Shiera (Socio Accionista de Northland Automatic Services LLC, Vertix Instrumentos S.A.).
  15. José Luis Ramos Castillo (Funcionario de PDVSA).
  16. Alfonzo Eliézer Gravina Muñóz (Funcionario de PDVSA).
  17. Christian Javier Maldonado Barillas (Funcionario de PDVSA).
  18. Christof Schlaubitz (Accionista Principal de Petromarine).
  19. Joseph Benoudiz (Representante de Liaoning Northem Steel Pipes Co. LTD).
  20. Luis Enrique Pulido (Presidente de PDVAL 2007).
  21. Georges Kabboul (Presidente de BARIVEN S.A. 2007).

Informe Final del Expediente Número 1648 – PDVSA – Comisión Permanente de Contraloría

PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN CONTRA DEL PATRIMONIO PÚBLICO POR PARTE DE RAFAEL RAMIREZ, OCURRIDAS EN LA EMPRESA PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA), DURANTE EL EJERCICIO DE SU CARGO COMO PRESIDENTE DE LA MISMA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2004-2014, VINCULADAS CON USO INDEBIDO DEL FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE PDVSA; IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA REFINERÍA DE AMUAY; IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS QUE INGRESARON EN LAS CUENTAS DE LA BANCA PRIVADA D´ANDORRA; PERJUICIOS PECUNIARIOS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON FONDOS DE LA ESTATAL PETROLERA EN EL BANCO ESPIRITO SANTO DE PORTUGAL; Y POR LAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON LA ESTATAL PDVSA.

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Ley contra la Corrupción evitará el nepotismo y malversación de fondos del Estado

La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual introduce al instrumento jurídico venezolano un importante conjunto de elementos normativos en materia de lucha contra la corrupción.

El Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, explicó que el texto incorpora como sujetos de aplicación de la ley a los consejos comunales, comunas, cooperativas y demás instancias organizativas del denominado Poder Popular; así como a todas las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de los órganos o entes del sector público, que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de bienes y recursos públicos.

Por otra parte, y atendiendo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se establece la obligación de todo funcionario de presentar, junto a la declaración jurada de patrimonio, su declaración jurada de intereses, en la cual debe dejar constancia de las actividades económicas, financieras y profesionales que desarrolla al margen de la función pública, así como los vínculos familiares y cualquier circunstancia que pueda generar conflicto de intereses.

En este sentido, Guevara recalcó que se consagra el nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano, prohibiendo a todo funcionario público designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de producirse esta irregularidad, la norma estipula la nulidad de todas las designaciones, nombramientos, selecciones o contrataciones realizadas por las máximas autoridades jerárquicas, de familiares o personas naturales o jurídicas con quienes tengan relaciones financieras o comerciales.

La Ley también dedica un capítulo destinado al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Al respecto, Guevara indicó que se sanciona con responsabilidad administrativa y penal la omisión de demostrar el uso o destino de los fondos públicos cuya administración les ha sido confiada, en virtud de que a pesar de que la Constitución y diversas leyes establecen tal obligación, su incumplimiento no acarreaba ningún tipo de sanción.

Por otra parte, como aspecto novedoso se incorpora la obligación de que todo funcionario que reciba dinero para viáticos, pasajes y otros gastos deberá presentar informe de la gestión encomendada y la utilización de dichos recursos públicos.

Sobre el peculado de uso, la ley contempla la obligación de utilizar los vehículos pertenecientes al sector público únicamente para la realización de labores o prestación de servicios inherentes a las funciones y actividades propias del ente al que estén asignados, estableciendo que el incumplimiento de dicha obligación se sancionará con responsabilidad penal, con una agravante en aquellos casos en los que la utilización de los vehículos, naves o aeronaves del Estado se haga con fines políticos o electorales.

Guevara subrayó que la Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público incrementa todas las penas establecidas en los delitos previstos; establece que en casos de corrupción deberá restituirse el 100% del lucro o beneficio obtenido; mientras que para los delitos en los que se haya producido un lucro o beneficio para el funcionario público o particular, se determinar multas del cien por ciento (100%) del lucro o beneficio obtenido.

“Quien se robe el dinero debe devolverlo al 100%. Quien sea corrupto debe cumplir su pena frente al Estado. Ya basta de que se despilfarren los recursos de todos los venezolanos y no se castigue a ningún responsable. Una empresa que sea investigada por corrupción no puede seguir trabajando o contratando obras para el Gobierno”, enfatizó.

Para finalizar, Guevara destacó que el texto también introduce como elementos novedosos en la legislación venezolana el delito del blanqueo de bienes producto de la corrupción y la figura de la Cooperación Eficaz, como un mecanismo que permita a aquellos sujetos involucrados en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley disminuir la pena que sea aplicable, cuando suministren datos o información precisa, verídica y comprobable que conduzca al esclarecimiento de la comisión de delitos y la identificación de los presuntos responsables, la ubicación y destino de los recursos, bienes y demás activos extraídos de manera ilícita del patrimonio público.

“A aquel que sirva de testaferro y esté dispuesto a denunciar a sus jefes, el Estado venezolano le dará los beneficios para ponerse a derecho”, sentenció.

Comisión de Contraloría investiga a empresas de maletín que recibieron 581 millones de dólares para importar alimentos

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de una investigación de un conjunto de seis empresas vinculadas con la supuesta importación de alimentos, las cuales habrían recibido grandes sumas de divisas a tasa preferencial durante un lapso de ocho años mediante los distintos mecanismos cambiarios.

Al formular la denuncia ante la plenaria de la Comisión, el Diputado Julio Montoya explicó que las compañías recibieron 581 millones de dólares a tasa preferencial, otorgados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y por el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX) entre 2004 y 2012, para la importación de alimentos que nunca llegaron a los anaqueles venezolanos.

En este sentido, Montoya precisó que las compañías involucradas no cuentan con personal y por ende no pagan obligaciones al Seguro Social, además de tener la misma supuesta dirección fiscal.

“Las empresas Inversiones 4528, C.A.; Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A.; Distribuidora Pasta Granoro, C.A.; Importaciones Millecose, C.A.; Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA; y Representaciones Orval, C.A., recibieron 573 millones 712 mil 703 dólares por parte de CADIVI desde 2004 hasta 2012, mientras que luego CENCOEX les asignó 7 millones 565 mil 274 dólares, lo que da un total de 581 millones 277 mil 977 dólares. Además, qué gran coincidencia, todas esas supuestas compañías tienen la misma dirección: Avenida Principal El Ingenio, galpón 3, Guatire, estado Miranda. 581 millones de dólares se asignaron a dedo a esas 6 empresas de maletín sin ningún tipo de control para supuestamente importar comida que hoy no se consigue”, sentenció.

Montoya afirmó que las empresas en cuestión están relacionadas en forma directa con el banquero venezolano Maurio Lebi Crestani, quien además funge como accionista de una docena de compañías del sector de alimentos, inversiones e inmobiliario en Estados Unidos y Panamá.

El legislador llamó la atención al hecho de que una de las firmas involucradas, Inversiones 4528 C.A., figura en la lista de empresas investigadas por la Fiscalía General de la República por el presunto uso indebido de divisas preferenciales, sin que a la fecha se tenga resultados de dicha investigación.

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, informó que la investigación aprobada este miércoles será incorporada al Expediente 1651, la cual fue iniciada por esa instancia parlamentaria el pasado mes de febrero y está referida al mega fraude cambiario.

“Esta denuncia revela otro escándalo más de dos de los principales responsables del desfalco hecho con el dinero de los alimentos: Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres. Esta Asamblea Nacional sancionó a esos dos señores por su responsabilidad en la grave crisis que sufre Venezuela, y la respuesta de Nicolás Maduro fue no solamente defenderlos, sino ascenderlos en sus rangos, manchando a toda la Fuerza Armada Nacional. Es por eso que él es el principal responsable de la tragedia que hoy atraviesa el país. Maduro protege a los corruptos”, sentenció Guevara.