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PDVSA adquirió taladros chinos con un sobreprecio de 43 millones de dólares

Un conjunto de documentos oficiales de Petróleos de Venezuela evidencian que la estatal incurrió en múltiples irregularidades administrativas durante la ejecución del llamado “Plan Siembra Petrolera” en el año 2006, dejando un daño patrimonial a la nación superior a los 43 millones de dólares.

La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó que PDVSA llevó adelante una contratación con la empresa Constructora Interbolivariana, S.A., Empresa Multinacional Andina (CONSTRUEMA, S.A); para la adquisición de un taladro de perforación en tierra HH 200HP AC, Modelo ZJ70DBSAC. Dicha operación, además de realizarse a través de intermediarios y por un órgano diferente a BARIVEN, ocasionó una compra con sobreprecio, hechos que se encuentran expresamente prohibidos en la legislación venezolana.

El documento de la referida contratación indica que durante el proceso de concurso participaron múltiples contratistas, que ofrecían un mejor precio del taladro y un préstamo de servicios directo. Sin embargo, PDVSA, en franca violación de la ley y sin explicar las razones, adjudicó la buena pro del contrato a CONSTRUEMA, S.A., la cual, luego de realizado el análisis sobre las distintas ofertas presentadas, se perfilaba como la menos atractiva, pues ofrecía el servicio con mayor costo y sin ninguna ventaja de provecho para la estatal petrolera.

Tal adquisición representó para PDVSA un desembolso de USD $ 62.683.035,23 (equivalentes en ese momento a Bs 134.768.525.765), según se desprende en acto de adjudicación de buena pro de fecha 7 de agosto de 2006.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2007, el entonces Director de Ejecutivo de Finanzas de PDVSA, Nicolás Veracierta, emitió el Memorándum DEFIN-2007-038, en el que alertaba del incumplimiento por parte de la contratista en la entrega del taladro, motivo por el que se activarían los mecanismos necesarios para el cobro de las fianzas otorgadas al momento de la firma del contrato. Sin embargo, dicho procedimiento no se llevó a cabo.

El referido memorándum forma parte de un documento confidencial emanado de la Dirección Ejecutiva de Finanzas de PDVSA, en el que se reflejan gran cantidad de contrariedades, resaltando las modalidades de contratación y las cantidades licitadas cambiaron de forma súbita sin explicación.

Adicionalmente, la Comisión de Contraloría determinó que CONSTRUEMA, S.A, beneficiada por PDVSA para la adquisición del taladro, subcontrató a su vez a la empresa estadounidense TGS AQUA TECH, INC, por un monto de USD $ 19.599.000,00; según consta en el contrato de fecha 14 de marzo de 2007, notariado en el condado de Palm Beach, en el estado de La Florida, Estados Unidos, según se evidencia en la Factura Nro. 1696.

Al hacer el análisis entre ambos contratos se detecta que dicho subcontrato generó una elevada ganancia para CONSTRUEMA, S.A, quien actuando como intermediaria ocasionó un sobreprecio de USD $ 43.084.035,23 (equivalentes a Bs. 92.630.675.744,50 para esa fecha).

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, destacó que todos los documentos relacionados con este caso constan en el expediente 1648, el cual fue consignado por el parlamentario en la Fiscalía General de la República.

“Debemos recordar que PDVSA cuenta con BARIVEN, filial creada con el propósito de adquirir materiales y equipos para las actividades de explotación, producción y refinación de la industria petrolera. Sin embargo, en este caso PDVSA no utilizó a su empresa especializada en compras, sino que acudió a una empresa intermediaria, violando toda normativa vigente y generando un grave daño al patrimonio público”, enfatizó Guevara­.

El Diputado explicó que haber hecho la contratación sin tomar en cuenta la función especialmente otorgada a BARIVEN sino a través de CONSTRUEMA, S.A, infringió el Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, afectando el principio de la transparencia de los actos administrativos.

Guevara agregó que en el material probatorio de este caso se evidencia que Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino, Asdrúbal Chávez, Alejandro Granado, Eudomario Carruyo, Dester Rodríguez, Iván Orellana, Bernard Mommer y Carlos Martínez, miembros de la Junta Directiva de PDVSA para la fecha, no solamente consintieron la adquisición del taladro en cuestión, sino que actuaron con negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes de la República.

La Asamblea Nacional decretó la responsabilidad política a Rafael Ramírez por daño patrimonial durante su gestión como Presidente de PDVSA, al incurrir en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de PDVAL; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

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Rafael Ramírez sabía de la comida podrida de PDVAL desde 2009

Un memorándum confidencial con fecha 7 de abril de 2009 revela que el ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, tenía conocimiento con más de un año de antelación acerca de la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos, las cuales fueron importadas por PDVAL desde 2007 y que desencadenó fuertes repercusiones en la opinión pública nacional e internacional en 2010 cuando se conoció la noticia.

En la comunicación, suscrita por el entonces Auditor General de PDVSA, Jesús Villanueva, se alerta a Ramírez sobre numerosas irregularidades en los procesos de contratación, recepción y distribución de más de un millón de toneladas de alimentos importados, por un costo que alcanzó los 2.248 millones de dólares.

El memorándum confidencial fue dado a conocer por el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, tras una investigación de más de 9 meses acerca de la gestión de Ramírez al frente de PDVSA de 2004 a 2014, y que permitió detectar un daño patrimonial a la nación superior a los 11 mil millones de dólares.

El documento de 10 páginas señala expresamente que PDVSA, a través de su filial BARIVEN, incurrió en graves irregularidades administrativas durante la importación de alimentos entre 2007 y 2008, tales como:

–       Asignación de contratos a empresas que no presentaban la mejor oferta.

–       Deficiencias en los controles de recepción de las mercancías.

–       Otorgamiento de anticipos de dinero a empresas importadoras sin garantías.

–       Aprobación de órdenes de compra de productos que no reunían las condiciones de calidad requeridas.

–       Alimentos dañados en los rubros de caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne de res.

–       Alimentos nacionalizados no despachados.

–       Incumplimiento en las entregas de alimentos contratados.

–       Incremento en los costos de transporte y almacenamiento de las mercancías.

 

El memorándum confidencial enviado en 2009 a Rafael Ramírez señala textualmente que “la distribución efectiva de alimentos fue inferior al 14% del total comprado y pagado, incurriendo en algunos casos en elevados costos de adquisición y fletes, y que a pesar de ello, no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”.

Más adelante, agrega que la denominada emergencia alimentaria obligó a PDVSA a asumir las tareas asignadas por el Ejecutivo Nacional en 2007, incurriendo en endeudamiento y delegando en BARIVEN dicha responsabilidad. En este sentido, el texto concluye que “…los hallazgos presentados revelan que BARIVEN no poseía los controles, la pericia ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos”.

El documento interno de PDVSA conforma uno de los principales elementos probatorios de la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desfalco de la estatal petrolera. La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría detectó que el caso de los alimentos dañados causó un daño patrimonial de 1.932.637.902,50 dólares.

Por tal motivo, el diputado Guevara consignó el expediente completo de la investigación ante la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que dicha instancia inicie el proceso respectivo para la sanción de Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de BARIVEN; así como de una veintena de funcionarios más.

La investigación, contentiva de más de 3.500 documentos probatorios entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal, concluyó que la gestión de Ramírez como presidente de PDVSA incurrió en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de PDVAL; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

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Si Maduro quiere atacar la corrupción en PDVSA nosotros podemos decirle por dónde empezar

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, respondió a los comentarios hechos por Nicolás Maduro en cadena nacional, cuando reconoció la existencia de corrupción en Petróleos de Venezuela y anunció la reestructuración de la empresa.

Al respecto, Guevara reiteró los resultados de la investigación realizada por la Comisión de Contraloría, en la que se detectó el desfalco de más de 11 mil millones de dólares durante la gestión de Rafael Ramírez como Presidente de PDVSA durante diez años, entre 2004 y 2014.

“La semana pasada en la Asamblea Nacional declaramos la responsabilidad política de Rafael Ramírez por el desvío de más de 11 mil millones de dólares, y hace apenas dos días consignamos el expediente con las pruebas ante la Fiscalía General de la República. Señor Maduro: no hay excusa para que no tome las medidas necesarias para empezar a sancionar a los responsables de uno de los peores daños cometidos al dinero de todos los venezolanos. Allí tiene las pruebas. Si su planteamiento es cierto, entonces actúe. Si quiere saber por dónde empezar, nosotros podemos ayudarlo”, enfatizó.

En este sentido, el parlamentario insistió en que la primera medida que debe tomar Maduro es la destitución de Ramírez del cargo de Embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, al subrayar que es inaceptable que la persona responsable del desfalco de la estatal petrolera sea el máximo representante de la República en el más importante foro internacional.

“Ese señor no puede representar a nuestro país en el seno de la ONU. Por eso le decimos a Maduro: si en verdad está dispuesto a combatir la corrupción en PDVSA, debe destituir a Rafael Ramírez, ya que ese cargo depende exclusivamente del Presidente de la República. Si no lo hace, entonces no solamente quedará en entredicho, sino que también será responsable y cómplice del desfalco de la principal empresa de Venezuela”, subrayó.

El pasado martes 22 de noviembre, Guevara consignó ante la Fiscalía General de la República el expediente relativo a las irregularidades administrativas ocurridas en PDVSA, el cual contiene más de 3 mil documentos probatorios, entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal acerca de distintos casos en los que se presumen irregularidades administrativas, tales como la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos detectada en 2010; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

El informe aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacional es el resultado de más de 9 meses de investigación a cargo de la Comisión de Contraloría, en el que además de Rafael Ramírez, también se le declaró la responsabilidad política al ex presidente de BARIVEN, Javier Alvarado Ochoa; y se señala la participación de una veintena de funcionarios administrativos y de alto nivel en daños al patrimonio público por más de 11 mil millones de dólares, ocurridos entre 2004 y 2014.

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Diputado Freddy Guevara solicita a la Fiscalía General de la República abrir investigación a Rafael Ramírez por corrupción en PDVSA

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para consignar el expediente relativo a las irregularidades administrativas ocurridas en Petróleos de Venezuela durante la presidencia de Rafael Ramírez, comprendida entre los años 2004 y 2014, por daños al patrimonio público que alcanzan los 11 mil millones de dólares.

Guevara señaló que el expediente consignado contiene más de 3 mil documentos probatorios, entre los que se encuentran documentos oficiales, comunicaciones internas y memorandos confidenciales de la petrolera estatal acerca de distintos casos en los que se presumen irregularidades administrativas, tales como la pérdida de 130 mil toneladas de alimentos detectada en 2010; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

En este sentido, el parlamentario solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación, con la finalidad de que determine las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.

“La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este informe que hoy consignamos ante la Fiscalía, en el que presentamos el resultado de 9 meses de investigación en la Comisión de Contraloría, y declaró la responsabilidad política a Ramírez y a Javier Alvarado, ex presidente de Bariven. Son más de 11 mil millones de dólares comprobados sobre los que no se conoce el paradero. En los 10 años en los que Rafael Ramírez fue Presidente de PDVSA ocurrieron estas irregularidades, por lo que ese señor debe dar la cara y responderle al país por el destino de esos fondos. Él dijo que vendría al Ministerio Público a demandarme; pues hoy venimos nosotros primero a solicitarle a la Fiscal General que abra una investigación por graves daños al patrimonio de todos los venezolanos”, enfatizó.

Igualmente, Guevara recalcó la exigencia para que Nicolás Maduro destituya a Ramírez de su cargo de Embajador de Venezuela ante las Organización de las Naciones Unidas.

“Ese señor no puede representar a nuestro país en el seno de la ONU. Es por eso que reiteramos nuestro llamado a Nicolás Maduro: si en verdad está dispuesto a combatir la corrupción, debe destituir a Rafael Ramírez, ya que de lo contrario, usted también será responsable y cómplice del desfalco de la principal empresa de Venezuela”, subrayó.

Guevara agregó que la Fiscalía debe realizar las pesquisas necesarias para la celebración de un juicio oral y público, en el que se presenten las pruebas obtenidas y Ramírez responda por el dinero de todos los venezolanos.

Además de Ramírez y Alvarado, el informe presentado por la Comisión de Contraloría, correspondiente al expediente 1648, también señala como involucrados a otros 21 funcionarios, entre los que se encuentran:

 

  1. Félix Rodríguez (Presidente de PDVSA Gas 2007).
  2. Dester Rodríguez (Presidente de PALMAVEN 2007).
  3. Saul Ameliach (Presidente de PEQUIVEN 2007).
  4. José Luis Parada (Presidente de PDVSA Servicios).
  5. Ricardo Coronado (Presidente de PDVSA GAS 2010).
  6. Eudomario Carruyo (Director de Finanzas de PDVSA 2007).
  7. Luis Pulido (Gerente Corporativo de Producción 2006).
  8. Eulogio Del Pino (Junta Directiva de PDVSA).
  9. Asdrúbal Chávez (Director en la Junta Directiva de PDVSA).
  10. Francisco Illarramendi (Asesor de PDVSA y Socio de Michael Kenwood Group LLC).
  11. Nervis Villalobos (Viceministro de Energía Eléctrica).
  12. Diego Salazar (Operador de Seguros y Reaseguros de PDVSA).
  13. Roberto Rincón (Socio accionista de Ovarb Industrial LLC, Tradequip Services & Marine INC).
  14. Abraham Shiera (Socio Accionista de Northland Automatic Services LLC, Vertix Instrumentos S.A.).
  15. José Luis Ramos Castillo (Funcionario de PDVSA).
  16. Alfonzo Eliézer Gravina Muñóz (Funcionario de PDVSA).
  17. Christian Javier Maldonado Barillas (Funcionario de PDVSA).
  18. Christof Schlaubitz (Accionista Principal de Petromarine).
  19. Joseph Benoudiz (Representante de Liaoning Northem Steel Pipes Co. LTD).
  20. Luis Enrique Pulido (Presidente de PDVAL 2007).
  21. Georges Kabboul (Presidente de BARIVEN S.A. 2007).