fg-22-12-2016

Diputado Freddy Guevara: Investigaremos pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios venezolanos

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación por el caso de los 98 millones de dólares pagados en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano entre los años 2006 y 2015, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la obtención y retención de contratos para obras públicas de infraestructura.

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, anunció que esa instancia parlamentaria iniciará de oficio el procedimiento correspondiente, con base en el expediente divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se explica que Odebrecht pagó un total de 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 100 proyectos de obras en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Guevara señaló que la constructora brasileña recibió los contratos para la construcción de importantes obras en distintas regiones del país, las cuales permanecen inconclusas a pesar de haber recibido los recursos necesarios para su realización.

En este sentido, mencionó los casos de la Línea del Metro Caracas-Guarenas-Guatire; la Línea 2 del Metro Los Teques; el Puente Cacique Nigale (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo); el tercer puente sobre el Río Orinoco; y la Línea 5 del Metro de Caracas.

“Esas cinco obras, que hasta la fecha permanecen inconclusas, recibieron elevadas sumas de dinero durante sus años de ejecución. La realidad es que hoy ni existen las obras ni se conoce el paradero de esos recursos públicos que les fueron asignados. Si ahora sumamos la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podemos ver que los procesos de contrataciones firmadas con Odebrecht fueron altamente irregulares desde su origen”, enfatizó Guevara.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano exigió a Odebrecht revelar los nombres de los funcionarios o ex funcionarios del gobierno que hayan recibido los sobornos para favorecer las contrataciones de la empresa brasileña.

Guevara también propuso la firma de un acuerdo entre la Asamblea Nacional y Odebrecht, a los fines de obtener un compromiso de pago de multas por parte de la compañía carioca una vez que se logre el cambio político en Venezuela, para que sirva de método compensatorio por los actos ilícitos cometidos con fondos públicos venezolanos, tal como hará la empresa a las administraciones de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

fg-07-12-2016

Comisión de Contraloría solicita declarar responsabilidad política a ex Ministra de Salud Eugenia Sader

En su sesión ordinaria de este miércoles, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1506, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en la construcción y reparación de hospitales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El informe recomienda la declaratoria de responsabilidad política a la ex titular de ese despacho, Eugenia Sader, por un conjunto de actuaciones realizadas durante su ejercicio en el cargo entre 2010 y 2013, relativas al manejo de recursos públicos destinados a la construcción de un conjunto de edificaciones hospitalarias, entre los que destacan la construcción de seis hospitales del programa Misión Barrio Adentro IV, a saber:

– Hospital General  especializado en Materno Infantil, Estado Apure.

– Hospital General especializado en Toxicología y Oncología, Estado Barinas.

– Hospital Cardiológico de Adultos, Distrito Capital.

– Hospital General especializado en Nefrología, Estado Guárico.

– Hospital General especializado en Gastroenterología y Oncología, Estado Mérida.

– Centro Nacional de Oncología, Estado Miranda.

Al respecto, la investigación determinó distintas irregularidades administrativas, tales como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público; inobservancia de las condiciones para la debida contratación establecidas en los instrumentos normativos que regulan la materia; así como la malversación y el desvío de los fondos destinados para la construcción de los centros asistenciales.

En ese sentido, el informe de la Comisión de Contraloría estima que el daño patrimonial generado al acervo público nacional fue de USD $ 1.552.353.981,33, equivalentes a Bs. 4.052.882.119,75 conforme al tipo de cambio oficial vigente para la fecha en que Sader ocupaba la cartera de Salud.

El Presidente de la instancia parlamentaria, Diputado Freddy Guevara, explicó que la construcción de los referidos centros asistenciales fue anunciada por el ex primer mandatario Hugo Chávez el 30 de septiembre del año 2007, durante la transmisión de su Programa “Aló Presidente” N° 296, en el que hizo referencia a la ejecución de la primera etapa de un grupo de 15 hospitales generales y especializados del programa Misión Barrio Adentro IV, los cuales debieron ser entregados a finales del año 2009, pero que a la fecha no se han culminado.

Guevara indicó que Sader asumió paralelamente la Dirección de Hospitales y la Presidencia de varias dependencias del Ministerio, entre ellas la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias. Agregó que la Memoria y Cuenta de 2010 reflejó que las obras apenas tuvieron un avance de 49%, con 222 remodelaciones quedaron pendientes por ejecutar y una lista de espera por cirugías en hospitales que ascendía a 30.000 personas.

“No solamente hubo desfalco y desvío de fondos públicos, sino que además jugaron con la salud de los venezolanos de menos recursos y que son quienes más se verían beneficiados. Es criminal que se haya asignado 1.5 millardos de dólares para unos hospitales y que al día no se tenga ni los hospitales ni el dinero. Esta es otra muestra más de que una cúpula roja se llenó los bolsillos mientras hablaba en nombre de los pobres”, enfatizó Guevara.

La investigación también determinó que las irregularidades datan desde los inicios del proyecto, cuando el denominado Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, siendo una empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, firmó contrato con la empresa Constructora Pemegas; C.A, para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la ejecución de las obras.

En este sentido, se detectó que dicha contratación planteaba un conflicto de intereses, ya que el ciudadano Lucas Pou Ruan, quien ejercía funciones como Director de Obras de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, adscrita al Despacho de la Presidencia, además fungía como accionista de la prenombrada empresa Pemegas.

El Diputado Freddy Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sea elevada a la plenaria la solicitud de declaratoria de responsabilidad política a Eugenia Sader.

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El TSJ es cómplice de la corrupción

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Diputado Freddy Guevara, calificó de aberración jurídica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se declara la nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al considerar que dicho fallo revela la complicidad del máximo juzgado del país con la corrupción.

“Con esa sentencia los magistrados del TSJ demuestran que son cómplices de la corrupción que azota todos los niveles del Estado venezolano. Es lamentable e inaceptable que el máximo tribunal de la República, llamado a sancionar a los corruptos que han saqueado el erario público, sea el que avale la impunidad y siga permitiendo casos como el del Contralor General de la República, que además de ocupar ilegítimamente ese cargo, es un vergonzoso ejemplo de nepotismo y corrupción”, enfatizó Guevara.

Igualmente rechazó que la sentencia del TSJ declare la inconstitucionalidad de la ley alegando que la materia es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República.

“Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que el gobierno ordena ejecutar al TSJ para intentar proteger sus privilegios, tal como ocurrió con la sentencia del caso Rafael Ramírez sobre su gestión en PDVSA, en la cual se nos pretendía privar de nuestras competencias contraloras como Poder Legislativo. Esta sentencia es otra aberración jurídica que busca proteger a los corruptos”, recalcó.

En este sentido, Guevara recordó que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal consagraba el delito de nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano; además de establecer agravantes sobre el peculado de uso de bienes y vehículos del sector público con fines políticos o electorales.

“Esta Reforma introduce elementos realmente importantes en el ordenamiento jurídico venezolano para la lucha contra la corrupción. Además del nepotismo y el peculado de uso, se establecen obligaciones en materia de rendición de cuentas; declaración jurada de patrimonio e intereses; cooperación eficaz para sujetos involucrados en la comisión de delitos como los testaferros; así como aumento de las penas, multas y restitución del 100% del lucro obtenido en actos de corrupción”, explicó Guevara.

El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señaló que la sentencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.043, de fecha 1 de diciembre de 2016, constituye la mejor muestra de que la corrupción es política del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que insistió en la necesidad de que el Parlamento venezolano avance en los mecanismos constitucionales con los que cuenta para el cambio de gobierno y la restitución de la democracia y el Estado de Derecho.

“Estamos en presencia del régimen más corrupto en la historia de Venezuela, y uno de los más corruptos del hemisferio occidental. Desde la Comisión de Contraloría seguiremos avanzando en nuestras leyes, investigaciones y determinación de responsabilidades políticas, con la finalidad de dejar sentado quiénes han sido los culpables del desfalco de los últimos 18 años. Pero es igualmente necesario que ante el fracaso del diálogo y el revocatorio, la Asamblea Nacional retome la reactivación del juicio político a Nicolás Maduro y la declaratoria de abandono del cargo, ya que no es posible lograr acabar con la corrupción en Venezuela mientras este régimen siga en el poder”, declaró.