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PDVSA adquirió taladros chinos con un sobreprecio de 43 millones de dólares

Un conjunto de documentos oficiales de Petróleos de Venezuela evidencian que la estatal incurrió en múltiples irregularidades administrativas durante la ejecución del llamado “Plan Siembra Petrolera” en el año 2006, dejando un daño patrimonial a la nación superior a los 43 millones de dólares.

La investigación de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó que PDVSA llevó adelante una contratación con la empresa Constructora Interbolivariana, S.A., Empresa Multinacional Andina (CONSTRUEMA, S.A); para la adquisición de un taladro de perforación en tierra HH 200HP AC, Modelo ZJ70DBSAC. Dicha operación, además de realizarse a través de intermediarios y por un órgano diferente a BARIVEN, ocasionó una compra con sobreprecio, hechos que se encuentran expresamente prohibidos en la legislación venezolana.

El documento de la referida contratación indica que durante el proceso de concurso participaron múltiples contratistas, que ofrecían un mejor precio del taladro y un préstamo de servicios directo. Sin embargo, PDVSA, en franca violación de la ley y sin explicar las razones, adjudicó la buena pro del contrato a CONSTRUEMA, S.A., la cual, luego de realizado el análisis sobre las distintas ofertas presentadas, se perfilaba como la menos atractiva, pues ofrecía el servicio con mayor costo y sin ninguna ventaja de provecho para la estatal petrolera.

Tal adquisición representó para PDVSA un desembolso de USD $ 62.683.035,23 (equivalentes en ese momento a Bs 134.768.525.765), según se desprende en acto de adjudicación de buena pro de fecha 7 de agosto de 2006.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2007, el entonces Director de Ejecutivo de Finanzas de PDVSA, Nicolás Veracierta, emitió el Memorándum DEFIN-2007-038, en el que alertaba del incumplimiento por parte de la contratista en la entrega del taladro, motivo por el que se activarían los mecanismos necesarios para el cobro de las fianzas otorgadas al momento de la firma del contrato. Sin embargo, dicho procedimiento no se llevó a cabo.

El referido memorándum forma parte de un documento confidencial emanado de la Dirección Ejecutiva de Finanzas de PDVSA, en el que se reflejan gran cantidad de contrariedades, resaltando las modalidades de contratación y las cantidades licitadas cambiaron de forma súbita sin explicación.

Adicionalmente, la Comisión de Contraloría determinó que CONSTRUEMA, S.A, beneficiada por PDVSA para la adquisición del taladro, subcontrató a su vez a la empresa estadounidense TGS AQUA TECH, INC, por un monto de USD $ 19.599.000,00; según consta en el contrato de fecha 14 de marzo de 2007, notariado en el condado de Palm Beach, en el estado de La Florida, Estados Unidos, según se evidencia en la Factura Nro. 1696.

Al hacer el análisis entre ambos contratos se detecta que dicho subcontrato generó una elevada ganancia para CONSTRUEMA, S.A, quien actuando como intermediaria ocasionó un sobreprecio de USD $ 43.084.035,23 (equivalentes a Bs. 92.630.675.744,50 para esa fecha).

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, destacó que todos los documentos relacionados con este caso constan en el expediente 1648, el cual fue consignado por el parlamentario en la Fiscalía General de la República.

“Debemos recordar que PDVSA cuenta con BARIVEN, filial creada con el propósito de adquirir materiales y equipos para las actividades de explotación, producción y refinación de la industria petrolera. Sin embargo, en este caso PDVSA no utilizó a su empresa especializada en compras, sino que acudió a una empresa intermediaria, violando toda normativa vigente y generando un grave daño al patrimonio público”, enfatizó Guevara­.

El Diputado explicó que haber hecho la contratación sin tomar en cuenta la función especialmente otorgada a BARIVEN sino a través de CONSTRUEMA, S.A, infringió el Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, afectando el principio de la transparencia de los actos administrativos.

Guevara agregó que en el material probatorio de este caso se evidencia que Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino, Asdrúbal Chávez, Alejandro Granado, Eudomario Carruyo, Dester Rodríguez, Iván Orellana, Bernard Mommer y Carlos Martínez, miembros de la Junta Directiva de PDVSA para la fecha, no solamente consintieron la adquisición del taladro en cuestión, sino que actuaron con negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes de la República.

La Asamblea Nacional decretó la responsabilidad política a Rafael Ramírez por daño patrimonial durante su gestión como Presidente de PDVSA, al incurrir en el desvío de 11.271.148.806,36 dólares, a través de distintos casos como el de PDVAL; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

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